El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de los subsidios estatales a los combustibles, vigentes por más de 20 años, junto con un aumento del 20% en el salario mínimo. Según el mandatario, estas medidas buscan enfrentar la crisis económica, financiera y energética que atraviesa el país, caracterizada por escasez de combustibles, reservas internacionales bajas e inflación sostenida.
Con la entrada en vigor del nuevo régimen, los precios de la gasolina y el diésel aumentaron significativamente, rompiendo años de estabilidad en los costos. La decisión generó reacciones inmediatas entre distintos sectores sociales, incluyendo sindicatos y transportistas, que manifestaron su preocupación por el impacto en el costo de vida y en el transporte.
Para mitigar estos efectos, el Gobierno también anunció incrementos en bonos sociales, como la Renta Dignidad para adultos mayores y apoyos a estudiantes. El salario mínimo pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos, buscando fortalecer el poder adquisitivo frente al aumento de los precios de los combustibles.
La medida ha provocado un debate político en Bolivia. Algunos sectores consideran que es un paso necesario para la estabilidad fiscal, mientras que otros la critican por sus posibles efectos en los trabajadores y en la economía doméstica. El país se encuentra en un momento de transición económica, con protestas y movilizaciones que reflejan la preocupación de la población frente a los cambios implementados.
