El expresidente enfrenta una nueva investigación por seis delitos relacionados con los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante más de siete semanas. Desde su entorno denuncian una persecución política, mientras las autoridades aseguran contar con antecedentes suficientes para sustentar la medida judicial.
La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por una serie de delitos vinculados a los bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio de este año. La decisión representa un nuevo capítulo en la crisis política que vive Bolivia y profundiza el enfrentamiento entre el Gobierno y el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
La orden fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a solicitud del fiscal Brayan Melgar, luego de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y respaldada posteriormente por el Ministerio de Gobierno. Además de Morales, la investigación alcanza a otros dirigentes sindicales y sociales que habrían participado en la organización de las movilizaciones.
De acuerdo con la resolución judicial, el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
Las autoridades sostienen que existen antecedentes que vinculan a Morales con la coordinación de los bloqueos de carreteras que durante 53 días interrumpieron el tránsito en gran parte del territorio boliviano, provocando problemas de abastecimiento, pérdidas económicas y diversos enfrentamientos.
Los bloqueos que desencadenaron la investigación
Las protestas comenzaron a fines de mayo y se extendieron por más de siete semanas. Los manifestantes instalaron decenas de puntos de bloqueo en distintos departamentos del país para exigir cambios políticos y presionar al Gobierno.
Según cifras oficiales, las movilizaciones llegaron a contabilizar hasta 84 puntos de bloqueo distribuidos en siete de los nueve departamentos de Bolivia. La interrupción de las principales rutas afectó el transporte de alimentos, combustibles y mercancías, además de provocar millonarias pérdidas para distintos sectores productivos.
El Gobierno responsabilizó directamente al sector afín a Evo Morales por la organización de las protestas y aseguró que las movilizaciones buscaban desestabilizar al Ejecutivo.
Las autoridades también denunciaron que durante los enfrentamientos registrados en distintos puntos del país murieron al menos 22 personas, entre civiles, policías y militares, convirtiéndose en uno de los episodios de mayor tensión política de los últimos años.
Una nueva orden de captura contra el expresidente
Esta no es la única causa judicial que enfrenta Evo Morales. Desde 2024 también permanece investigado por un caso distinto relacionado con presuntos delitos de trata de personas, proceso que derivó en otra orden de captura que hasta ahora no ha podido ejecutarse.
Desde entonces, el exmandatario permanece principalmente en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde continúa recibiendo el respaldo de organizaciones campesinas y cocaleras.
La nueva orden de aprehensión amplía el escenario judicial del líder del MAS y aumenta la presión sobre las autoridades para concretar su detención, una tarea que hasta ahora no ha sido posible debido a la protección que mantiene por parte de sus seguidores.
El Ministerio de Gobierno señaló que las investigaciones continuarán y que se desarrollarán los procedimientos necesarios para ejecutar las órdenes emitidas por la Fiscalía conforme a la legislación boliviana.
Morales denuncia persecución política
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a una persecución política impulsada por el Gobierno.
El exmandatario sostuvo que las denuncias buscan impedir su participación en la vida política del país y responsabilizó al Ejecutivo de utilizar al sistema judicial para neutralizar a sus adversarios.
Desde su entorno también afirmaron que las movilizaciones fueron una respuesta al descontento social provocado por la crisis económica y política que atraviesa Bolivia, negando que existiera una estrategia para promover acciones terroristas o un intento de desestabilizar al Estado.
Diversos dirigentes afines a Morales anunciaron que mantendrán su respaldo al expresidente y advirtieron que podrían convocar nuevas movilizaciones si las autoridades intentan ejecutar la orden de captura.
La crisis política sigue profundizándose
La nueva ofensiva judicial contra Evo Morales vuelve a tensionar el escenario político boliviano, marcado desde hace meses por la división entre el Gobierno y el sector que continúa respaldando al exmandatario.
Mientras la Fiscalía sostiene que existen antecedentes suficientes para investigar los delitos imputados, la defensa de Morales insiste en que el proceso carece de fundamentos jurídicos y responde exclusivamente a motivaciones políticas.
En este contexto, Bolivia enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre institucional, con una investigación que podría tener importantes consecuencias tanto para el futuro judicial del expresidente como para el complejo panorama político del país en los próximos meses.
