La frontera entre Tacna (Perú) y Arica y Parinacota (Chile) vive un nuevo episodio de tensión tras el anuncio del presidente peruano, José Jerí: su gobierno desplegará fuerzas armadas a lo largo de más de 100 kilómetros de la frontera con Chile. El objetivo explícito: frenar el ingreso masivo de migrantes irregulares que llegan al Perú.
La medida del Perú implicará un estado de emergencia en las zonas limítrofes del sur —con apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía Peruana—, el plan es reforzar patrullajes y controles en los pasos fronterizos entre Tacna y Arica y Parinacota.
La ministra de Defensa chilena, Adriana Delpiano, declaró que esta medida “es una decisión autónoma” y que no representa una amenaza ni genera fricciones hacia Chile. El gobierno enfatizó que Perú tiene derecho a proteger su territorio y gestionar la seguridad en sus zonas limítrofes. La militarización forma parte de un plan más amplio anunciado por las autoridades peruanas, que incluye el decreto de estado de emergencia en varias provincias fronterizas, con la participación activa de las Fuerzas Armadas. El objetivo es aumentar el control en regiones consideradas sensibles por la migración irregular y el crimen transfronterizo
En el lado chileno, el anuncio provocó alarma. El gobernador regional, Diego Paco, pidió al presidente Gabriel Boric que visite la zona de Arica y Parinacota “para tomar decisiones concretas”. La preocupación se centra en cómo esta militarización y el incremento de controles alterarían los flujos migratorios irregulares al país.
El candidato José Antonio Kast, por su parte apoya la militarización de Perú para frenar las olas illegales que llegan principalmente a Perú y a Chile.
Este anuncio —en plena crisis migratoria regional— podría marcar un antes y un después para la gestión fronteriza entre ambos países, tensionando amistades históricas y forzando una renegociación de protocolos de migración y seguridad. Sin embargo, la medida ha generado un debate en algunas autoridades regionales de Chile, que piden reforzar los controles en el norte del país para prevenir posibles efectos derivados de la migración irregular y que Boric tome mano al asunto.
