El gobierno de Javier Milei está por lanzar una reforma migratoria ambiciosa, inspirada en el modelo de Estados Unidos, que pretende endurecer la política de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros. Según el plan, se creará un nuevo organismo migratorio con carácter operativo, capaz de actuar junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero con facultades de detenciónes El decreto —ya en tramitación técnica— endurecerá los criterios para otorgar residencias.
Además, se impondrá un arancel a ciertos servicios públicos para inmigrantes irregulares o temporarios: salud, seguro médico obligatorio y educación universitaria dejarán de ser gratuitos para personas en situación irregular según la reforma. El objetivo oficial es reducir el gasto público y agilizar las expulsiones: los migrantes que cometan delitos podrán ser deportados de manera más rápida y se intensifican los controles para residentes con antecedentes.
En términos institucionales, se rediseña la Dirección Nacional de Migraciones para hacerla más eficiente, con nuevas facultades de seguridad. Además, el decreto plantea restricciones estrictas para renovar residencias: podrían cancelarse si la persona no declara domicilio, permanece largo tiempo fuera del país o falsea documentación. La reforma ha generado críticas desde organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierte que muchas de las medidas vulneran garantías constitucionales y podrían haberse debatido en el Congreso en lugar de imponerlas por decreto.
En síntesis: Milei busca consolidar una política migratoria más controlada, con bases operativas de tipo policial, restricciones sociales y un enfoque en seguridad, todo bajo el modelo estadounidense y con un giro hacia la disciplina institucional.
