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El Gobierno argentino impulsa la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado para su aprobación final

El Gobierno de Javier Milei avanza con una de las reformas más polémicas de su gestión: la modificación profunda de la legislación laboral, conocida como reforma laboral. Tras varios meses de debate y protestas en las calles, el proyecto ya superó una etapa clave en el Congreso y ahora el oficialismo busca su aprobación definitiva en el Senado.

Un paso clave en el Congreso

El jueves 20 de febrero, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra luego de una larga sesión y un contexto de huelga nacional convocada por los principales sindicatos en rechazo a las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo. Por ese motivo, y dado que se introdujeron cambios al texto original (como la eliminación de una cláusula polémica sobre las licencias por enfermedad), la iniciativa debe regresar al Senado para su aprobación final antes de convertirse en ley.

Qué propone la reforma

La reforma laboral es una de las transformaciones más profundas al mercado de trabajo argentino en décadas, y plantea cambios significativos en normas que datan de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Entre los principales puntos destacan:

  • Facilitar la contratación y el despido de trabajadores, reduciendo costos y barreras para las empresas.
  • Limitar el derecho de huelga y reducir la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.
  • Extender la jornada laboral potencialmente hasta 12 horas, con la posibilidad de flexibilización de horas extras.
  • Cambios en la vigencia de convenios colectivos para que dejen de continuar vigentes automáticamente al expirar su plazo.

Para el Gobierno, estas reformas son necesarias para revitalizar un mercado laboral rígido, incentivar la creación de empleo formal y atraer inversiones, en un contexto económico marcado por altos niveles de informalidad laboral.

Tensiones y protestas

La norma ha generado fuerte resistencia social y política. Los sindicatos —principalmente la Central General de Trabajadores (CGT) y otras organizaciones laborales— organizaron protestas, paros y marchas en todo el país alegando que la reforma debilita las protecciones históricas de los trabajadores y profundiza la precarización laboral.

Expertos y sectores de la oposición también han advertido que algunos puntos de la reforma podrían ser objetos de desafíos judiciales, especialmente en cuanto a su aplicación a contratos vigentes y derechos adquiridos.

Qué se viene

Tras su paso por Diputados, la reforma regresa al Senado de la Nación, donde está previsto que se vote nuevamente en los próximos días. El oficialismo confía en conseguir la media sanción final, con lo cual la ley podría entrar en vigencia antes de que comience un nuevo período ordinario de sesiones.

La votación será un hito político clave para el Gobierno y marcará el rumbo de las relaciones laborales en Argentina en los próximos años, con impacto directo tanto en trabajadores como en empleadores.

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