A un mes de asumir el poder, Keiko Fujimori enfrenta una dura realidad: los estados de emergencia y el despliegue militar no han logrado frenar la violencia. Chile, en cambio, apuesta por fortalecer las instituciones, coordinar a sus policías y atacar al crimen organizado desde sus estructuras financieras y territoriales.
La promesa de una ofensiva frontal contra la delincuencia fue uno de los principales compromisos con los que Keiko Fujimori llegó a la Presidencia de Perú. Desde el primer día, la mandataria anunció una política de mayor dureza contra las organizaciones criminales, otorgando un papel más relevante a las Fuerzas Armadas y planteando una profunda reforma del sistema penitenciario.
Sin embargo, cumplido su primer mes de gobierno, los resultados todavía no muestran el cambio esperado. Los homicidios continúan registrándose en niveles elevados y la violencia vinculada a extorsiones y organizaciones criminales sigue afectando especialmente a Lima y Callao.
Ante esta situación, el Gobierno peruano decretó un estado de emergencia por 60 días en Lima Metropolitana y Callao, acompañado de medidas excepcionales y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad.
La pregunta que comienza a instalarse es inevitable: ¿es suficiente endurecer la respuesta del Estado para derrotar al crimen organizado?
Perú: emergencia, militares y una respuesta de choque
La estrategia de Fujimori se ha caracterizado hasta ahora por una respuesta rápida y visible frente al deterioro de la seguridad. El Gobierno ha recurrido a estados de emergencia, despliegue policial con apoyo militar y medidas extraordinarias para recuperar el control en las zonas más afectadas.
El problema es que el crimen organizado no funciona únicamente como una amenaza callejera. Las organizaciones criminales cuentan con redes de financiamiento, armas, corrupción, estructuras de inteligencia y capacidad para operar dentro y fuera de las cárceles.
Por eso, detener a determinados delincuentes o aumentar temporalmente la presencia de uniformados en las calles no necesariamente significa desarticular las organizaciones que se encuentran detrás de los delitos.
La propia decisión del Gobierno peruano de solicitar facultades legislativas en materia de seguridad refleja la dimensión del desafío que enfrenta la administración de Fujimori.
Chile: una respuesta más institucionalizada
Chile también enfrenta un escenario complejo. El crimen organizado, el narcotráfico, las bandas criminales y los delitos violentos se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población.
La diferencia está en que Chile ha venido construyendo una arquitectura institucional específica para enfrentar esta amenaza.
La creación del Ministerio de Seguridad Pública estableció una autoridad política especializada para coordinar las políticas de prevención del delito, combate al crimen organizado y atención a las víctimas.
A esto se suma la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que plantea una respuesta coordinada para prevenir, neutralizar y perseguir las estructuras criminales, incluyendo aquellas de carácter transnacional.
Durante el Gobierno de José Antonio Kast, esta estrategia se ha complementado con una agenda que busca intervenir distintos puntos utilizados por las organizaciones criminales: fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios controlados por bandas.
El Gobierno chileno también ha presentado un plan operativo con 65 medidas orientadas a prevenir el delito, recuperar el control territorial y fortalecer a las policías.
No basta con ocupar las calles
La comparación entre Perú y Chile permite observar dos aproximaciones diferentes.
Perú ha optado por una respuesta de choque, utilizando estados de emergencia y una mayor presencia militar como herramientas centrales para enfrentar una crisis de seguridad que se ha agravado rápidamente.
Chile, sin renunciar a una política firme contra las organizaciones criminales, está intentando construir una respuesta basada en instituciones especializadas, coordinación entre organismos, inteligencia, control territorial y fortalecimiento de las policías.
Esto no significa que Chile haya derrotado al crimen organizado. El país todavía enfrenta importantes desafíos y el propio Gobierno reconoce la necesidad de reforzar las capacidades del Estado.
La diferencia fundamental es que combatir al crimen organizado exige algo más que aumentar el número de uniformados en las calles.
La batalla está dentro y fuera de las cárceles
Uno de los principales desafíos para ambos países está en las cárceles. Las organizaciones criminales pueden continuar operando desde los centros penitenciarios si el Estado no logra controlar las comunicaciones, separar adecuadamente a los líderes criminales y evitar que las prisiones se transformen en centros de coordinación delictiva.
Chile ha comenzado a adoptar medidas particularmente visibles en este ámbito. Durante agosto, el Gobierno concretó la Operación Cancerbero, que trasladó a 1.500 internos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, como parte de su estrategia contra el crimen organizado y el terrorismo.
La medida muestra una diferencia importante: la ofensiva contra las bandas no se limita al espacio público, sino que busca intervenir también los lugares desde donde las organizaciones pueden mantener su capacidad operativa.
El verdadero desafío: recuperar el control del Estado
La experiencia peruana demuestra que declarar una emergencia y desplegar fuerzas militares puede entregar una señal política contundente, pero la mano dura por sí sola no garantiza resultados duraderos.
Para derrotar al crimen organizado se necesita inteligencia, investigación criminal, persecución financiera, control de fronteras, cárceles seguras, fiscales y jueces capaces de procesar las causas, además de policías con recursos y respaldo institucional.
Chile está intentando avanzar precisamente en esa dirección.
Perú, en tanto, enfrenta la primera gran prueba del Gobierno de Keiko Fujimori: demostrar que su promesa de “mano dura” puede transformarse en una política de Estado capaz de desarticular a las organizaciones criminales y no solamente responder a sus efectos.
Porque frente al crimen organizado, el Estado no puede limitarse a reaccionar después de cada delito. Debe ser capaz de anticiparse, investigar, perseguir el dinero, controlar el territorio y desmantelar las estructuras que permiten que las mafias sobrevivan.
Esa será, finalmente, la verdadera prueba para Lima y Santiago: no quién habla más fuerte contra los delincuentes, sino quién consigue que el Estado tenga el control efectivo de las calles, las fronteras y las cárceles.
