El Gobierno de Perú dio un paso clave para modernizar la Fuerza Aérea al oficializar un gran gasto en defensa que impulsa la compra de 24 aviones de combate de última generación, una de las inversiones más ambiciosas en materia militar de las últimas décadas en el país andino. El Ejecutivo aprobó la transferencia de más de 1 137 millones de soles (unos 340 millones de dólares) al Ministerio de Defensa como adelanto para iniciar formalmente el proceso de adquisición de los nuevos cazas, cuyo objetivo principal es reemplazar a las envejecidas flotas de Mirage 2000 y MiG-29, consideradas obsoletas y con capacidades operativas limitadas en el contexto actual.
Este movimiento financiero y estratégico se produjo a pesar de la crisis política que vivió el país tras la destitución del presidente interino en funciones, y representa el primer hito concreto hacia la compra de aeronaves de alto rendimiento que reforzarán la capacidad disuasiva y de defensa aérea de la fuerza militar peruana. El decreto supremo que autoriza la transferencia de fondos establece que este presupuesto solo podrá ser utilizado para la adquisición de los cazas, y fue validado por el Ministerio de Economía en términos de disponibilidad presupuestaria.
El proyecto contempla una inversión total estimada en unos 3 500 millones de dólares, aunque esta cifra representa el monto preliminar que aún debe ejecutarse con base en la evaluación de propuestas y negociaciones con fabricantes internacionales. Tres grandes consorcios de la industria aeronáutica global compiten para proveer los nuevos aviones: la sueca Saab con su modelo Gripen, la francesa Dassault con el Rafale y la estadounidense Lockheed Martin con el F-16 Block 70, alternativas que están siendo analizadas tanto desde criterios técnicos como geopolíticos y de alianzas estratégicas.
La decisión final sobre qué modelo será adquirido quedará en manos de instancias técnicas y políticas especializadas del sistema de defensa, y aunque el proceso está en sus primeras etapas tras la liberación de los fondos, su avance ha sido visto como un compromiso del Estado peruano por fortalecer la seguridad nacional y reconfigurar su posición en el equilibrio militar regional, más allá de los cambios de gobierno y la coyuntura política interna.
