La Unión Europea ha decidido posponer hasta enero de 2026 la firma del acuerdo comercial con Mercosur, tras no lograr el respaldo unánime de sus Estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que no viajará a Brasil para rubricar el pacto este diciembre, destacando que aún persisten diferencias entre los países europeos sobre el impacto del tratado en sectores estratégicos, especialmente la agricultura.
El acuerdo, que se negocia desde hace más de 25 años, permitiría eliminar gradualmente la mayoría de los aranceles entre la UE y los países sudamericanos que conforman Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Con ello, se abriría un mercado de aproximadamente 780 millones de consumidores y se facilitaría el comercio de bienes industriales y agropecuarios entre ambas regiones.

Sin embargo, Francia e Italia han expresado reservas sobre la apertura de sus mercados agrícolas a productos sudamericanos, solicitando garantías que protejan a sus productores de posibles impactos económicos. La presión social también ha influido en la decisión. Durante la cumbre de líderes europeos en Bruselas, miles de agricultores se manifestaron, mostrando preocupación por la competencia que podrían enfrentar frente a productos importados con regulaciones diferentes. Estas protestas reflejan la importancia de considerar los intereses de los sectores directamente afectados en acuerdos comerciales de gran envergadura.
Pese a las dificultades, otros Estados miembros defienden el tratado, subrayando que podría favorecer exportaciones europeas de vehículos, maquinaria, vinos y otros productos, así como fortalecer las relaciones comerciales con Sudamérica y diversificar mercados frente a socios tradicionales. Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su expectativa de que el acuerdo se firme en enero, tras alcanzar un entendimiento con Italia para disponer de tiempo adicional que permita atender las preocupaciones agrícolas.
El aplazamiento del acuerdo evidencia los retos que enfrenta la UE para conciliar la apertura comercial con la protección de sectores sensibles y la necesidad de lograr consenso político interno, mostrando que los acuerdos internacionales requieren no solo negociaciones diplomáticas, sino también un equilibrio entre intereses económicos y sociales.







