La conducción vinculada a Abel Furlán vuelve a quedar bajo la mirada de la Justicia. La investigación apunta al destino y administración de fondos aportados por los trabajadores metalúrgicos, mientras el histórico sindicato atraviesa una profunda crisis institucional.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la intervención judicial dispuesta meses atrás por irregularidades en su proceso electoral se suma ahora una investigación sobre el manejo de los fondos sindicales durante la conducción de Abel Furlán.
La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano y analiza posibles delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. En el marco de la investigación, la Justicia ordenó procedimientos en la sede del sindicato para obtener documentación relacionada con el destino de los aportes de los afiliados.
Millones bajo investigación
Uno de los principales puntos bajo análisis es el papel de la Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), una estructura que recibió facultades para administrar parte de los recursos vinculados al gremio.
Según información publicada por La Nación, USEM recaudaría más de 100 millones de pesos mensuales y tendría participación en la administración de una parte considerable de determinados aportes sindicales.
Entre las personas investigadas aparece María Soledad Calle, dirigente cercana a Furlán y vinculada políticamente al kirchnerismo. Calle integra la conducción de USEM y ha participado públicamente en actividades junto a referentes del peronismo bonaerense.
La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la administración de esos recursos y cuál fue el destino final del dinero.
Por el momento, se trata de acusaciones bajo investigación y no existe una condena contra Furlán ni contra los demás involucrados.
Una conducción ya cuestionada por la Justicia
Los problemas judiciales de la UOM no comenzaron con esta causa.
En mayo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana y, como consecuencia, también dejó sin efecto la elección nacional que había consagrado nuevamente a Furlán al frente del sindicato.
El tribunal consideró que el proceso no había garantizado una elección confiable, segura y transparente.
La Justicia dispuso entonces el cese de las autoridades surgidas de aquellos comicios y ordenó intervenir la organización durante 180 días, con el objetivo de convocar nuevas elecciones.
La disputa se originó después de que la Lista Naranja, oposición interna de la UOM en Zárate-Campana, denunciara irregularidades en el procedimiento electoral.
Furlán rechazó la decisión judicial y denunció una persecución contra el sindicalismo. También cuestionó a los magistrados que intervinieron en el caso y sostuvo que la Justicia estaba interfiriendo en la autonomía del gremio.
Los vínculos políticos de Furlán
El dirigente metalúrgico mantiene desde hace años una estrecha relación con sectores del kirchnerismo.
Antes de alcanzar la conducción nacional de la UOM en 2022, Furlán fue diputado nacional por el Frente para la Victoria y participó activamente dentro del Partido Justicialista bonaerense.
Durante su conducción, además, la UOM adoptó una posición abiertamente confrontativa frente al Gobierno de Javier Milei y se convirtió en uno de los gremios que más cuestionaron las reformas laborales y económicas impulsadas por el oficialismo.
La relación política volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse que María Soledad Calle compró un departamento ubicado debajo de la propiedad donde reside Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111.
La adquisición del inmueble no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, llamó la atención debido a que Calle se encuentra entre las personas investigadas por la administración de los fondos vinculados a la UOM.
Una crisis que golpea a uno de los sindicatos más poderosos
La combinación de elecciones anuladas, intervención judicial e investigaciones sobre el manejo del dinero coloca a la UOM frente a una crisis institucional de gran magnitud.
El sindicato metalúrgico ha sido históricamente una de las organizaciones más influyentes del movimiento obrero argentino y durante décadas mantuvo una estrecha relación con el peronismo.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las sospechas sobre el manejo de los aportes sindicales tienen sustento penal.
Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a instalar un viejo debate en Argentina: el control sobre los recursos administrados por las grandes estructuras sindicales y la transparencia con la que se manejan los aportes provenientes de miles de trabajadores.
