La Fiscalía Chilena ,Metropolitana Oriente, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), dio a conocer la detención de siete médicos extranjeros por su presunta participación en una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, las cuales habrían sido utilizadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero o asistir a casinos.
El caso ha generado gran impacto debido a su magnitud y al importante perjuicio económico provocado al sistema de salud. De acuerdo con la investigación, entre los años 2021 y 2024 se habrían emitido cerca de 36 000 licencias médicas fraudulentas, de las cuales más de 26 000 fueron financiadas por Fonasa, lo que habría ocasionado un daño superior a los 20 800 millones de pesos chilenos.
Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, los médicos involucrados, de distintas nacionalidades latinoamericanas, formaban parte de un esquema organizado que contemplaba la creación de centros médicos ficticios. Estos recintos no contaban con infraestructura ni atención real y funcionaban únicamente como respaldo legal para justificar la emisión masiva de licencias médicas sin una evaluación clínica efectiva ni fundamentos de salud comprobables.
Durante los operativos realizados en diversas ciudades del país, entre ellas Santiago, Puerto Montt y Quillota, se incautaron equipos computacionales, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento electrónico, talonarios de recetas médicas y un terminal de pago que presuntamente era utilizado para cobrar por la emisión de las licencias. En el procedimiento, uno de los imputados incluso habría intentado abandonar el país al momento de su detención. El fiscal a cargo explicó que este tipo de delitos se sostiene en la constitución de empresas y centros médicos de fachada, desde los cuales se emiten documentos sin que exista una atención médica real, desvirtuando por completo el objetivo del sistema de reposo laboral por razones de salud.
En caso de ser declarados culpables, los imputados arriesgan penas que podrían alcanzar los cinco años y un día de presidio. Paralelamente, la Fiscalía solicitó la formalización de más de 300 funcionarios públicos que presuntamente habrían adquirido estas licencias fraudulentas, lo que profundiza el impacto del caso tanto en la administración pública como en la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud.
