El Gobierno Chileno, bajo el presidente Gabriel Boric incluyó una disposición en el acuerdo de reajuste del sector público que establece nuevas exigencias para la no renovación de contratos y los despidos de funcionarios del Estado. La medida fija que estas decisiones deberán realizarse mediante actos administrativos fundados, basados en criterios objetivos y verificables, y no solo en argumentos generales como las “necesidades del servicio”. Además, permite que funcionarios con al menos dos años de continuidad puedan reclamar por eventuales vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República.
La norma también contempla que, si se determina que una desvinculación fue irregular, el acto administrativo quedará sin efecto y el trabajador podría ser reincorporado, con el pago de las remuneraciones correspondientes. El Ejecutivo ha señalado que el objetivo de esta disposición es reforzar el debido proceso administrativo, evitar decisiones arbitrarias y asegurar la continuidad de los servicios públicos.
La inclusión de esta norma ha intensificado el debate político en vísperas del cambio de gobierno. Mientras el oficialismo defiende la medida como un resguardo frente a eventuales desvinculaciones arbitrarias y como un refuerzo a la estabilidad laboral en el sector público, desde la oposición se cuestiona su oportunidad y alcance, advirtiendo que podría restringir la capacidad del próximo Ejecutivo para ejercer plenamente sus atribuciones en la conducción del Estado.
Así, la discusión ha derivado en un nuevo punto de tensión política, donde se confrontan las facultades del poder político para administrar la estructura pública y los límites que impone la protección de los derechos laborales de los funcionarios.
