El reciente anuncio del Gobierno sobre la expropiación de 100 hectáreas de la Megatoma de San Antonio ha encendido un intenso debate político y social en la región de Valparaíso. La medida busca habilitar un proyecto de vivienda social para miles de familias, pero ha sido catalogada por diputados de Renovación Nacional como una “desviación de poder”, al considerar que el Ejecutivo estaría utilizando facultades expropiatorias de manera irregular y vulnerando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada.
La Megatoma, ubicada en el sector Cerro Centinela, alberga a más de 10 mil personas y se ha consolidado como un asentamiento de grandes dimensiones. El Gobierno sostiene que la expropiación responde a la necesidad urgente de entregar soluciones habitacionales definitivas a miles de hogares, asegurando que el precio ofrecido es una tasación justa y compatible con la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se defendió la decisión, enfatizando que la expropiación es un mecanismo legal respaldado por la Constitución y que permitirá evitar una potencial crisis humanitaria derivada de desalojos masivos. La polémica, sin embargo, no se limita al plano legal.
La medida ha dividido a la opinión pública y a los propios vecinos de la Megatoma, generando tensiones entre quienes valoran la acción como una solución a la precariedad habitacional y quienes advierten sobre los riesgos de un Estado que interviene directamente en la propiedad privada bajo argumentos de urgencia social. La tensión entre derecho a la vivienda y respeto a la propiedad se profundiza, posicionando a San Antonio en el centro de un debate que podría marcar un precedente relevante para futuras políticas habitacionales en Chile.
