La condena contra Lev Shlosberg vuelve a poner en cuestión la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en Rusia.
La Justicia rusa condenó a 11 años y un mes de prisión a Lev Shlosberg, dirigente del partido opositor Yábloko, por sus críticas a la guerra contra Ucrania. El político fue acusado de “desacreditar” a las Fuerzas Armadas y de difundir información considerada falsa sobre la actuación militar rusa.
El caso resulta especialmente preocupante porque Shlosberg no fue condenado por participar en actos violentos, sino por expresar públicamente una posición política contraria a la guerra y defender un alto el fuego.
La sentencia vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿hasta dónde puede llegar un Estado para silenciar a quienes discrepan de sus decisiones?
La libertad de opinión es un derecho humano
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta protección también está consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que reconoce el derecho de toda persona a mantener sus opiniones sin interferencias.
Pero existe un elemento todavía más importante para entender el caso de Shlosberg.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que la libertad de opinión es un derecho que no admite restricciones. Además, establece que todas las formas de opinión están protegidas, incluidas las opiniones políticas, y considera incompatible con el Pacto criminalizar la expresión de una opinión. Incluso la detención, el encarcelamiento o el procesamiento de una persona por sus opiniones pueden constituir una violación del artículo 19.
Esto adquiere especial relevancia cuando la opinión cuestionada se refiere a una decisión del propio Gobierno.
Criticar una guerra no convierte a nadie en enemigo
Shlosberg ha mantenido una postura contraria a la guerra y ha pedido públicamente el fin de las hostilidades. Su posición puede resultar incómoda para el Kremlin, pero la incomodidad política no puede convertirse automáticamente en un delito.
En una sociedad verdaderamente democrática, un ciudadano —y con mayor razón un dirigente político— debe poder cuestionar las decisiones de su Gobierno. Puede defender una guerra, oponerse a ella, exigir un alto el fuego o considerar equivocada la estrategia militar de su país.
El Estado puede establecer determinadas restricciones a la libertad de expresión en circunstancias excepcionales. Sin embargo, el propio artículo 19 del PIDCP exige que estas restricciones estén establecidas por ley y sean necesarias y proporcionales para proteger derechos de terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.
Por eso, una condena de más de once años por expresiones políticas contrarias a una guerra plantea serias dudas desde la perspectiva de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
El problema va más allá de Shlosberg
La condena tampoco ocurre de manera aislada.
El mismo día, el Tribunal Supremo ruso confirmó la exclusión de Yábloko de las próximas elecciones parlamentarias. El partido es actualmente la única formación política rusa registrada que mantiene una posición abiertamente contraria a la guerra.
La coincidencia resulta significativa: mientras uno de los principales dirigentes de la formación recibe una extensa condena de prisión, el partido al que pertenece queda fuera de la competencia electoral.
El resultado es un espacio político cada vez más reducido para quienes cuestionan públicamente la política del Kremlin.
Cuando disentir puede llevar a prisión
La libertad de expresión no existe solamente para proteger las opiniones populares o aquellas que coinciden con el Gobierno de turno. Su verdadero valor aparece precisamente cuando una persona expresa una posición incómoda, impopular o contraria al poder.
La propia ONU ha señalado que la libertad de opinión y expresión constituye una de las bases de las sociedades libres y democráticas, además de ser fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos.
Por eso, la condena contra Shlosberg merece una crítica firme.
Un Estado puede defender sus fronteras, sus intereses y sus decisiones militares, pero no debería exigir a sus ciudadanos que renuncien a su derecho a cuestionarlas.
La discrepancia política no debería ser castigada con once años de cárcel. En una sociedad democrática, un ciudadano tiene derecho a decir que una guerra es necesaria, pero también tiene derecho a decir que es injusta, equivocada o que debe terminar.
Cuando el poder utiliza la prisión para castigar una opinión política, el problema deja de ser únicamente la guerra y pasa a ser también la libertad de quienes tienen el valor de cuestionarla.
La condena de Shlosberg constituye, por ello, una señal preocupante para la libertad de expresión y el pluralismo político en Rusia. Y recuerda una cuestión fundamental: los derechos humanos deben proteger también a quienes discrepan del poder, especialmente cuando esa discrepancia resulta incómoda para quienes g
