El mandatario aseguró que en el país “no volverá a haber elecciones”, una declaración que marca un nuevo giro autoritario del régimen sandinista
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”, descartando cualquier posibilidad de alternancia democrática y anunciando que impulsará nuevas leyes para impedir que la oposición vuelva a disputar el poder. Sus declaraciones, realizadas durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, representan uno de los anuncios políticos más contundentes desde su regreso a la Presidencia en 2007.
El mandatario, de 80 años, aseguró que su Gobierno trabajará junto a la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para establecer un “muro” legal que impida el regreso de quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”, en referencia a la oposición política.
“Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó Ortega durante su discurso.
Ortega busca consolidar un modelo sin alternancia política
Las palabras del gobernante fueron interpretadas por analistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos como la confirmación pública de un proceso de concentración de poder que se ha venido profundizando durante la última década.
Aunque las elecciones de 2021 ya fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional debido al encarcelamiento de candidatos opositores, la ilegalización de partidos y las denuncias de fraude, esta es la primera vez que Ortega declara abiertamente que su país dejará de celebrar comicios competitivos.
Desde las protestas masivas de 2018, el Gobierno nicaragüense ha intensificado la persecución contra opositores, periodistas, organizaciones civiles y universidades. Diversos organismos internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, cierre de medios de comunicación, retiro de nacionalidades y restricciones a las libertades políticas.
Una reforma constitucional fortaleció el poder del oficialismo
El anuncio también ocurre después de que el régimen impulsara una serie de reformas constitucionales que ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgaron a Rosario Murillo, esposa de Ortega, el cargo de copresidenta del país, fortaleciendo aún más el control familiar sobre las instituciones del Estado.
Pese a que el mandatario no explicó de qué manera eliminaría formalmente las elecciones ni cuándo entrarían en vigor las nuevas medidas, adelantó que la Asamblea Nacional elaborará el marco jurídico necesario para impedir que sectores opositores puedan acceder nuevamente al Gobierno.
Reacciones y preocupación internacional
Las declaraciones provocaron inmediatas críticas entre dirigentes opositores en el exilio y organizaciones internacionales, que sostienen que Nicaragua avanza hacia un sistema de partido único.
El exaspirante presidencial Félix Maradiaga calificó el anuncio como la confirmación de que el régimen teme perder el poder mediante elecciones libres, mientras diversos analistas sostienen que el discurso elimina cualquier expectativa de transición democrática por la vía electoral.
En paralelo, distintos gobiernos occidentales mantienen sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos y continúan exigiendo la liberación de presos políticos y el restablecimiento de garantías democráticas. Sin embargo, el anuncio de Ortega refuerza la percepción de que el Ejecutivo apuesta por consolidar un modelo de poder permanente, sin mecanismos de alternancia política y con un control prácticamente absoluto de las instituciones del Estado.
