Al menos 60 personas habrían sido detenidas en Nicaragua tras expresar opiniones en redes sociales sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, según denuncias de organizaciones opositoras y medios nicaragüenses en el exilio, como Radio Bío Bío, que citó fuentes locales y testimonios de activistas de derechos humanos.
Las detenciones se habrían registrado en distintas zonas del país y habrían sido ejecutadas por fuerzas de seguridad vinculadas a la dictatura de Daniel Ortega, principalmente contra personas que publicaron mensajes, comentarios o análisis en plataformas digitales luego de que circulara una versión no confirmada sobre la captura de Maduro. Parte de esos contenidos incluía celebraciones, críticas políticas o interpretaciones del escenario regional, lo que habría motivado la intervención de las autoridades.
Hasta ahora, el gobierno nicaragüense no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando los cargos formulados ni las circunstancias exactas de los operativos. Organizaciones opositoras señalan que en situaciones similares se han utilizado figuras legales amplias, como la difusión de noticias falsas o la incitación al odio, normativas que han sido cuestionadas por organismos internacionales por su aplicación contra la libertad de expresión. Reportes indican que 49 de los detenidos permanecen sin información clara sobre su situación legal, mientras que algunos fueron liberados tras retenciones temporales sin cargos precisos.
Este episodio se suma a una serie de denuncias sobre restricciones a los derechos civiles en Nicaragua, donde desde 2018 se ha intensificado la persecución contra opositores, periodistas y ciudadanos críticos del gobierno. El control del discurso público y la vigilancia de la actividad en redes sociales se han convertido en elementos centrales de la política de seguridad interna. Defensores de derechos humanos advierten que la falta de confirmación oficial sobre la captura de Maduro refuerza las críticas sobre el carácter arbitrario de las detenciones y evidencia un clima de temor y autocensura, en el que expresar opiniones políticas en internet puede acarrear consecuencias penales. A nivel internacional, organismos de derechos humanos y la Embajada de Estados Unidos han pedido la liberación de las personas detenidas, calificando estos actos como injustos, mientras que el gobierno nicaragüense permanece en silencio respecto a los cargos y procedimientos aplicados.
