¿Por qué algunos sectores políticos instrumentalizan a los estudiantes, las manifestaciones y la violencia?
¿Cómo se puede hablar de justicia social, protección de los más vulnerables y defensa del país mientras se justifica la destrucción de sus espacios públicos, su historia y su patrimonio?
Los mismos sectores políticos que hoy predican solidaridad, defienden el derecho a proteger a los suyos y apelan al amor por la patria parecen olvidar esos principios cuando la violencia es ejercida por quienes no comparten sus ideas. ¿Cómo se puede hablar de justicia social, protección de los más vulnerables y defensa del país mientras se justifica la destrucción de sus espacios públicos, su historia y su patrimonio?
¿Qué ocurrió ayer y qué ocurrió hace siete años, el 18 de octubre de 2019?
Por 30 pesos se encendió una crisis que terminó sacudiendo al país entero.
En nombre de la desigualdad, se quemaron estaciones de metro, se destruyeron espacios públicos, se quemaron iglesias y se dañaron monumentos que forman parte de nuestra memoria histórica, entre ellos el monumento al general Manuel Baquedano.
En nombre de la defensa de los propios, de quienes piensan igual y de quienes comparten una determinada visión política, se terminó destruyendo aquello que también pertenecía a todos los chilenos.
El resentimiento se convirtió en combustible político y la indignación social fue utilizada para legitimar acciones que iban mucho más allá de una manifestación pacífica. Bajo la bandera de las reivindicaciones sociales, hubo quienes confundieron el derecho a protestar con el derecho a destruir.
Porque una cosa es exigir cambios, denunciar las desigualdades y reclamar mejores condiciones de vida; otra muy distinta es justificar la violencia, atacar el patrimonio nacional y presentar la destrucción como una forma legítima de expresión política.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde termina la protesta legítima y dónde comienza la instrumentalización política de la violencia?
Chile merece una reflexión honesta sobre lo ocurrido. La justicia social no puede construirse destruyendo lo que pertenece a todos, ni la solidaridad puede depender de quién comete los actos de violencia.
Defender a Chile también significa proteger su historia, su patrimonio, sus instituciones y a sus ciudadanos. Porque ninguna causa política, por legítima que pretenda ser, debería convertirse en una excusa para destruir el propio país que dice querer transformar.
