Malvinas Argentinas: las Sanciones de Milei a las grandes petroleras
Las nuevas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra las empresas vinculadas a la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzaron a producir sus primeras respuestas en el sector energético internacional. Mientras tres de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo, SLB, Halliburton y Baker Hughes, aseguraron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las islas, las empresas directamente responsables del proyecto Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, ratificaron que seguirán adelante.
La situación abre una nueva etapa en la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur. La estrategia del Gobierno argentino no parece estar dirigida únicamente contra las compañías que poseen las licencias petroleras, sino también contra toda la cadena empresarial necesaria para convertir Sea Lion en un proyecto operativo: proveedores tecnológicos, empresas de servicios, accionistas, aseguradoras, entidades financieras y contratistas.
El objetivo argentino es elevar progresivamente el costo de participar en la explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas.
Milei endurece la política argentina
El 3 de septiembre, el Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo paquete de medidas en respuesta al avance del proyecto Sea Lion, que Argentina considera una explotación ilegal de recursos naturales en un territorio cuya soberanía reclama.
En un comunicado oficial, la Presidencia aseguró que el avance del proyecto representa una amenaza particularmente grave debido a que supondría la extracción a gran escala de un recurso natural no renovable.
Según la posición argentina, la explotación de esos recursos no puede realizarse sin autorización de Buenos Aires.
El Gobierno anunció la firma de un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca ampliar los instrumentos disponibles para sancionar a empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas en las islas.
Además, el Ejecutivo propuso la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevos marcos de protección de infraestructuras críticas, del espacio aéreo y de las aguas bajo jurisdicción reclamada por Argentina.
El discurso de Milei también presentó un cambio de énfasis respecto de los primeros años de su presidencia. Aunque el mandatario siempre sostuvo que la recuperación de las islas debía realizarse mediante vías diplomáticas, el Gobierno está intentando ahora incorporar instrumentos económicos y jurídicos mucho más agresivos dentro de esa estrategia.
La explotación petrolera parece haber sido el detonante.
Sea Lion se encuentra en la cuenca norte de las Malvinas y es considerado uno de los mayores proyectos petroleros nuevos del Atlántico Sur.
El proyecto Sea Lion
El proyecto es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee aproximadamente el 65% de la participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y desde entonces ha intentado llevarlo hasta la fase comercial.
Las reservas y recursos asociados al campo son enormes. Reuters informó que el proyecto está relacionado con un área que podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, aunque las cantidades efectivamente recuperables dependerán de las distintas fases de desarrollo.
La inversión necesaria para la primera etapa se encuentra en el orden de miles de millones de dólares y las compañías apuntan actualmente a conseguir la primera producción de petróleo en 2028.
Durante los últimos meses, Navitas y Rockhopper incluso han estudiado acelerar la expansión del proyecto.
En mayo, Rockhopper informó que el desarrollo inicial utilizaría la plataforma flotante FPSO Aoka Mizu, con una capacidad estimada de alrededor de 55.000 barriles diarios.
Navitas también empezó a estudiar la incorporación de una segunda FPSO que podría sumar otros 125.000 barriles diarios de capacidad en fases posteriores, aunque ese proyecto adicional todavía no constituye un acuerdo definitivo.
Eso ayuda a explicar por qué Buenos Aires considera que existe ahora una ventana limitada para actuar.
Durante años, Sea Lion fue esencialmente un proyecto en preparación. Si logra superar definitivamente la fase financiera y comienza la construcción y adaptación de infraestructura, detenerlo será mucho más difícil.
Argentina abre procedimientos contra 45 personas y empresas
El anuncio presidencial no quedó limitado a una declaración política.
El 4 de septiembre, apenas un día después del discurso de Milei, la Oficina del Presidente anunció oficialmente el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas.
Según el Gobierno, los investigados podrían encontrarse violando las prohibiciones establecidas por el artículo 2 de la Ley 26.659 mediante su participación en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
La novedad más importante es que Argentina no pretende perseguir únicamente a Navitas y Rockhopper.
El comunicado establece expresamente que los procedimientos alcanzarán también a accionistas y a compañías que hayan prestado servicios a las empresas involucradas.
Este detalle constituye probablemente el núcleo de la nueva estrategia.
Navitas y Rockhopper ya conocen desde hace años la posición argentina y tienen pocos incentivos para abandonarla. Su principal activo es precisamente Sea Lion.
Una empresa internacional que opera en decenas de países se encuentra en una posición muy diferente.
Para una compañía global, participar en un contrato relativamente pequeño relacionado con Sea Lion podría implicar poner en riesgo negocios mucho mayores dentro de Argentina.
De 45 investigados a un universo de 180 empresas
El canciller Pablo Quirno amplió posteriormente el alcance de la advertencia.
Durante una intervención ante empresarios y ejecutivos financieros, afirmó que existe un universo cercano a las 180 empresas relacionadas directa o indirectamente con las operaciones hidrocarburíferas de las islas.
Según Quirno, esas empresas deberán decidir si quieren continuar vinculadas a las actividades en Malvinas y afrontar las correspondientes consecuencias en Argentina.
Entre las compañías potencialmente afectadas no aparecen solamente petroleras.
También pueden entrar proveedores de servicios, entidades financieras, aseguradoras y empresas necesarias para la logística y construcción de una operación offshore de gran escala.
Es una diferencia importante.
Un campo petrolero en alta mar no puede ser desarrollado exclusivamente por sus propietarios.
Necesita perforación, ingeniería, mantenimiento submarino, sistemas eléctricos, herramientas especializadas, servicios geológicos, transporte, barcos de apoyo, helicópteros, aseguradoras, financiamiento y una enorme red de contratistas.
Ahí es precisamente donde Argentina tiene más posibilidades de ejercer presión.
SLB dice que no participará
La primera gran reacción llegó de SLB, anteriormente conocida como Schlumberger.
La compañía es uno de los gigantes mundiales de servicios petroleros y mantiene una fuerte presencia en Argentina, particularmente relacionada con la explotación no convencional.
El 5 de septiembre, SLB comunicó que no participa y no tiene previsto participar en proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus aguas circundantes.
Poco después aparecieron anuncios similares de Baker Hughes y Halliburton.
Las tres compañías se encuentran entre los nombres más importantes de toda la industria internacional de servicios petroleros.
Es importante, sin embargo, precisar qué ocurrió.
SLB, Halliburton y Baker Hughes no se retiraron de contratos existentes de Sea Lion, porque hasta el momento no estaban vinculadas directamente con el proyecto.
Lo que hicieron fue descartar públicamente su participación futura.
Esa distinción es importante para no exagerar el efecto de las medidas argentinas.
Pero tampoco convierte sus anuncios en irrelevantes.
En una industria donde la ejecución de proyectos depende de grandes contratistas especializados, que tres de los mayores proveedores mundiales anuncien públicamente que no participarán crea un precedente.
El peso de Vaca Muerta
La capacidad de presión argentina se explica en buena medida por Vaca Muerta.
Argentina posee uno de los mayores recursos de hidrocarburos no convencionales del planeta y durante los últimos años la actividad en Neuquén se ha transformado en uno de los sectores de mayor crecimiento del país.
Para empresas como Halliburton, Baker Hughes o SLB, Argentina representa un mercado mucho mayor y con posibilidades de expansión sostenida durante décadas.
Sea Lion, por gigantesco que sea como proyecto individual, tiene que competir contra esa oportunidad.
Esa es la ecuación que el Gobierno parece intentar explotar.
Argentina no necesita convencer a todas las empresas internacionales de que comparte su interpretación jurídica sobre Malvinas.
Necesita conseguir que participar en Sea Lion deje de resultar comercialmente conveniente.
En palabras del canciller Quirno, la valorización de activos estratégicos como Vaca Muerta aumenta el poder de negociación argentino.
La política podría resumirse de manera sencilla:
quien quiera acceder al crecimiento de la industria energética argentina tendrá que pensarlo dos veces antes de participar en Malvinas.
Navitas responde: el proyecto continúa
La reacción de Navitas Petroleum fue completamente diferente.
La compañía, que funciona como operadora de Sea Lion, reafirmó la legitimidad de las licencias otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y aseguró que cuenta con el respaldo del Gobierno británico.
Según el comunicado reproducido posteriormente por Rockhopper, los socios consideran que los acontecimientos recientes no tendrán un impacto material sobre las actividades de desarrollo del proyecto ni sobre su calendario.
En otras palabras, Navitas no mostró intención alguna de retroceder.
Su posición es previsible.
A diferencia de las grandes empresas de servicios internacionales, Navitas tiene una exposición directa y considerable al proyecto.
Sea Lion constituye una pieza central de sus planes futuros.
Abandonarlo supondría asumir pérdidas importantes después de años de inversión y desarrollo.
Rockhopper también rechaza el impacto de las medidas
Rockhopper Exploration se alineó inmediatamente con la posición de Navitas.
La empresa británica publicó el comunicado de su socio y sostuvo que las licencias petroleras bajo las cuales trabaja la sociedad fueron otorgadas válidamente por el gobierno de las islas y cuentan con el apoyo del Reino Unido.
Para Rockhopper, Sea Lion tiene todavía mayor importancia.
La propia compañía se define como una empresa de petróleo y gas con intereses fundamentales en las Malvinas y destaca el descubrimiento de Sea Lion como su principal activo.
Además, apenas días antes del anuncio argentino, Rockhopper había avanzado con una operación para levantar capital destinado al desarrollo de sus actividades.
El 27 de agosto anunció una colocación destinada a recaudar aproximadamente 180 millones de dólares.
Todo indica, por lo tanto, que tanto Navitas como Rockhopper tienen intención de intentar llevar el proyecto hasta producción.
La verdadera pregunta no es si Argentina puede conseguir que ambas compañías cambien inmediatamente de opinión.
La pregunta es si puede hacer que el proyecto sea cada vez más difícil de financiar, asegurar y ejecutar.
Una guerra contra la cadena de proveedores
Ahí reside probablemente la parte más interesante de la estrategia argentina.
Sea Lion requiere una red de empresas mucho más grande que Navitas y Rockhopper.
Si Argentina logra que grandes contratistas globales eviten participar, los operadores deberán recurrir a compañías alternativas.
Eso no necesariamente paralizará el proyecto.
La industria petrolera internacional es enorme y existen proveedores en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia que podrían aceptar contratos.
Pero puede generar varios problemas.
Menor competencia entre proveedores significa potencialmente mayores costos.
También puede limitar el acceso a determinadas tecnologías o equipos especializados.
A eso pueden sumarse las dificultades relacionadas con seguros, financiamiento y exposición jurídica.
El efecto puede ser acumulativo.
Una sola compañía rechazando un contrato no amenaza Sea Lion.
Decenas de compañías rechazándolo podrían hacerlo considerablemente más caro.
La diferencia entre impedir y encarecer
Esta distinción es fundamental para evaluar las medidas anunciadas por Milei.
Argentina difícilmente pueda detener Sea Lion mediante una simple sanción administrativa.
El Reino Unido controla efectivamente las islas y respalda las licencias entregadas a las empresas.
Navitas y Rockhopper tampoco necesitan autorización argentina para operar desde el punto de vista británico.
Argentina sostiene exactamente lo contrario.
Por eso el conflicto se desarrolla en una zona donde el poder económico puede adquirir tanta importancia como el jurídico.
Buenos Aires puede no controlar las licencias, pero sí controla el acceso al territorio argentino, a Vaca Muerta, al sistema financiero local y a futuros contratos con empresas o entidades públicas argentinas.
Para una compañía cuya única actividad relevante se encuentra en Malvinas, las sanciones pueden tener un efecto limitado.
Para una multinacional, la situación cambia.
Las tres grandes eligieron Argentina
Por ahora, SLB, Halliburton y Baker Hughes parecen haber hecho precisamente esa evaluación.
Las tres empresas anunciaron que no participarán en las actividades hidrocarburíferas de las islas y mantendrán sus operaciones en Argentina.
No significa que Sea Lion haya perdido tres proveedores que ya tenía contratados.
Sí significa que tres de las compañías más importantes a las que podría recurrir un gran desarrollo petrolero internacional han cerrado públicamente esa puerta.
Por eso resulta prematuro afirmar que las medidas de Milei han detenido Sea Lion.
Pero también resulta difícil sostener que no han producido ningún efecto.
Las primeras consecuencias aparecieron apenas dos días después del anuncio presidencial.
Una situación incómoda con Israel
La disputa tiene además una particular dimensión diplomática.
Navitas Petroleum tiene origen israelí y Milei mantiene una de las relaciones más estrechas con Israel entre los mandatarios latinoamericanos.
La nueva política argentina coloca así al Gobierno en la situación poco habitual de amenazar con sanciones a una empresa israelí y a inversores vinculados con ella mientras simultáneamente profundiza su alianza estratégica con Israel.
Reuters señaló que Navitas posee aproximadamente el 65% del proyecto y que varios fondos israelíes tienen inversiones relevantes en las compañías involucradas.
Desde Cancillería, sin embargo, se ha procurado separar ambas cuestiones.
La posición oficial argentina es que las sanciones responden exclusivamente a la legislación y al reclamo de soberanía sobre Malvinas y no constituyen una medida contra Israel.
Ese punto será importante a medida que avance el conflicto económico.
Reino Unido mantiene su posición
Londres, por su parte, ha reiterado su apoyo a los habitantes de las islas y al derecho de estos a decidir sobre su propio futuro.
El Gobierno británico mantiene además su respaldo a las actividades económicas desarrolladas bajo las licencias emitidas por las autoridades isleñas.
Navitas y Rockhopper utilizan precisamente ese respaldo como una de las bases para defender la legalidad del proyecto.
La disputa, por lo tanto, no gira únicamente alrededor de una petrolera.
En última instancia vuelven a enfrentarse las posiciones tradicionales de Argentina y Reino Unido.
Argentina considera que las islas forman parte de su territorio y que el Reino Unido ocupa ilegalmente el archipiélago desde 1833.
Londres sostiene que la soberanía británica y la voluntad de los habitantes de las islas legitiman la actual administración.
Sea Lion introduce ahora un elemento adicional: recursos naturales potencialmente valuados en miles de millones de dólares.
El petróleo cambia los tiempos de la disputa
La explotación petrolera introduce además una característica que diferencia este episodio de muchas controversias anteriores.
Un recurso no renovable puede ser extraído.
Una discusión diplomática puede continuar durante décadas. El petróleo, una vez producido y vendido, no regresa al subsuelo.
Ese argumento fue uno de los puntos centrales del mensaje del Gobierno argentino.
Según Presidencia, Sea Lion representa una situación especialmente urgente porque las compañías podrían encontrarse en condiciones de comenzar a apropiarse materialmente de esos recursos en los próximos años.
Ese sentido de urgencia explica en parte el endurecimiento de la posición argentina.
¿Puede Argentina realmente detener Sea Lion?
Por ahora, no.
Navitas y Rockhopper mantienen su cronograma y continúan asegurando que el proyecto no se verá materialmente afectado.
Tampoco existe todavía evidencia de una suspensión de Sea Lion como consecuencia de las sanciones argentinas.
Sería incorrecto afirmarlo.
Pero el proyecto todavía tiene que atravesar una larga cadena de decisiones financieras, logísticas e industriales antes de extraer su primer barril.
Ahí aparece el margen argentino.
La política del Gobierno parece orientada menos a conseguir una victoria inmediata y más a crear fricción en cada una de esas etapas.
Si un proveedor renuncia, aparece otro.
Si diez proveedores renuncian, el problema se vuelve mayor.
Si además comienzan a retirarse bancos, aseguradoras y socios tecnológicos, la ecuación económica puede cambiar significativamente.
Por ahora no hemos llegado a ese escenario.
Pero los anuncios de SLB, Halliburton y Baker Hughes muestran que la amenaza de quedar excluido del mercado argentino ya está siendo tomada en consideración por algunas de las mayores empresas de la industria.
Una primera prueba para la nueva estrategia
Los próximos meses mostrarán si estas primeras reacciones se transforman en una tendencia o permanecen como casos aislados.
La señal más importante será observar qué hacen las empresas que sí mantienen contratos directos o indirectos con Sea Lion.
También habrá que seguir la reacción de bancos, aseguradoras, empresas de ingeniería, operadores marítimos y proveedores de infraestructura.
Si esas compañías continúan participando sin dificultades, Navitas tendrá argumentos para sostener que las medidas argentinas tienen un efecto limitado.
Si comienzan a producirse nuevas renuncias, el cálculo será distinto.
En ese sentido, las primeras 72 horas dejaron un escenario mixto.
Milei anunció un endurecimiento de las sanciones.
Argentina abrió procedimientos contra 45 personas y empresas.
Cancillería amplió la advertencia a un universo cercano a 180 compañías.
Tres gigantes internacionales de servicios petroleros declararon que no trabajarán en Malvinas.
Pero Navitas y Rockhopper respondieron reafirmando que Sea Lion continúa y que no esperan alteraciones materiales en el calendario.
Ninguna de las dos partes puede hablar todavía de victoria.
De la diplomacia a la presión económica
Lo novedoso del episodio es que Argentina está intentando convertir su propio peso energético en una herramienta de política exterior.
Durante décadas, el reclamo argentino sobre Malvinas se concentró principalmente en organismos internacionales, declaraciones diplomáticas y negociaciones bilaterales.
La nueva estrategia añade una dimensión económica más directa.
Vaca Muerta se transforma de esta manera no solamente en un activo energético, sino en una herramienta de negociación.
Cuanto más importante sea Argentina para las empresas internacionales del sector, mayor será el costo de ignorar sus sanciones.
La lógica es sencilla: obligar a las compañías a elegir.
Navitas y Rockhopper ya eligieron Sea Lion.
SLB, Halliburton y Baker Hughes, al menos públicamente, eligieron mantenerse lejos de Malvinas.
El verdadero resultado de la estrategia de Milei dependerá de lo que decidan las decenas de empresas que todavía se encuentran en el medio.
