La presión argentina golpea a Sea Lion:

Navitas y Rockhopper reconocieron que deberán reemplazar a dos contratistas en medio de las sanciones impulsadas por Argentina. Halliburton confirmó públicamente que no participará del desarrollo y Buenos Aires profundiza su ofensiva legal y diplomática.

La ofensiva argentina contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas comenzó a generar consecuencias concretas sobre el proyecto Sea Lion. Las compañías que impulsan el desarrollo reconocieron que dos contratistas dejaron de participar y deberán ser reemplazados, mientras el Gobierno argentino aumenta la presión jurídica, económica y diplomática sobre las empresas vinculadas a la iniciativa.

El reconocimiento llegó de las propias compañías detrás de Sea Lion. La británica Rockhopper Exploration publicó el 5 de octubre una actualización de su socio y operador del proyecto, la israelí Navitas Petroleum, en la que admite que Argentina continúa avanzando con medidas destinadas a sancionar a quienes participen de la explotación petrolera alrededor de las islas.

En ese contexto, Navitas informó que está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus compromisos con el proyecto. La compañía no identificó públicamente a ambos en ese comunicado.

Halliburton confirma que no participará

Una de las decisiones conocidas públicamente corresponde a, uno de los gigantes mundiales de servicios para la industria petrolera.

La empresa estadounidense confirmó desde Houston que tanto la compañía como todas sus subsidiarias se abstendrán de realizar trabajos en Sea Lion y de participar en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores.

El dato adquiere especial relevancia porque Halliburton reconoció haber mantenido contactos con las autoridades argentinas. Según su propio comunicado, Buenos Aires planteó cuestiones relacionadas con la aplicación de sanciones civiles y penales previstas por la legislación vigente y por las nuevas normas que impulsa el Gobierno.

La Casa Rosada celebró la decisión y aseguró que fue resultado del trabajo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica y la Cancillería. El Gobierno sostuvo que continuará utilizando herramientas legales, diplomáticas y administrativas contra las actividades desarrolladas sin autorización argentina.

Sea Lion pierde proveedores

El problema para Sea Lion no comenzó esta semana.

Desde septiembre, diferentes empresas internacionales de servicios petroleros —entre ellas SLB, Baker Hughes, Halliburton y Tenaris— habían marcado distancia de las actividades hidrocarburíferas en Malvinas después de las medidas anunciadas por Argentina.

Una publicación especializada del sector energético informó posteriormente que también se habían apartado otros proveedores vinculados al ecosistema de servicios petroleros que opera en Argentina.

La importancia de estas decisiones reside en la propia estructura de un proyecto offshore. Navitas y Rockhopper necesitan una extensa cadena internacional de proveedores especializados para desarrollar la infraestructura, perforación, logística y servicios necesarios para llevar Sea Lion hasta la etapa de producción.

La salida de contratistas no implica, sin embargo, que el proyecto haya sido cancelado.

Navitas asegura que está buscando reemplazos y sostiene que, por el momento, no espera un impacto material adverso sobre Sea Lion. La compañía afirma además que mantiene el respaldo de las autoridades británicas y de la administración de las islas.

Argentina lleva la disputa al terreno económico

La estrategia argentina busca elevar el costo de participar en la explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas.

El Gobierno de Javier Milei anunció durante septiembre nuevas medidas contra las empresas involucradas en Sea Lion y posteriormente envió al Congreso un proyecto para endurecer el régimen legal aplicable a la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

A esto se sumó una decisión de la Justicia Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion, tras una presentación vinculada al posible impacto ambiental y al reclamo soberano argentino.

La capacidad argentina para hacer cumplir directamente esa resolución en las islas es objeto de disputa, ya que el archipiélago permanece bajo administración británica. Las compañías, de hecho, han manifestado que pretenden continuar con el desarrollo.

Buenos Aires abrió además otro frente: el Gobierno anunció el inicio del procedimiento de arbitraje internacional previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion.

El Reino Unido mantiene su respaldo al proyecto

La disputa está lejos de haber terminado.

Navitas y Rockhopper mantienen sus planes y sostienen que cuentan con el apoyo del Reino Unido y de las autoridades de las islas. Sea Lion contempla una inversión cercana a los US$4.000 millones y apunta a comenzar la producción de petróleo en 2028.

El Reino Unido sostiene que las islas y sus aguas están bajo jurisdicción británica y defiende el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos. Argentina rechaza esa posición y considera que la explotación unilateral de hidrocarburos afecta el territorio y los espacios marítimos cuya soberanía reclama.

La Cancillería argentina endureció este martes nuevamente su posición. El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno pretende impedir la explotación petrolera alrededor de las islas mediante una estrategia pacífica y cuestionó la negativa británica a negociar la disputa de soberanía.

La presión empieza a sentirse

Por ahora, Sea Lion continúa formalmente en marcha. Pero la propia comunicación de Navitas reconoce un riesgo que hasta hace pocas semanas parecía más lejano: debe encontrar sustitutos para contratistas que ya no seguirán trabajando en el proyecto.

La salida de dos contratistas no significa que Argentina haya detenido Sea Lion ni que el proyecto esté condenado a fracasar. Sí constituye un efecto concreto en la cadena de proveedores en momentos en que Buenos Aires intenta aumentar los costos legales y comerciales de participar.

La disputa por Malvinas entra así en un terreno diferente al de las declaraciones diplomáticas tradicionales. Argentina intenta utilizar su peso económico, su legislación y los mecanismos jurídicos internacionales para dificultar la explotación de los recursos, mientras Navitas, Rockhopper y el Reino Unido buscan mantener Sea Lion en marcha.

Y, por primera vez desde el inicio de esta nueva ofensiva, las compañías responsables del proyecto reconocen públicamente que deberán reorganizar parte de su cadena de contratistas como consecuencia del escenario generado por las medidas argentinas.