La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó este martes el proceso para impulsar una serie de reformas constitucionales y legales destinadas a eliminar las elecciones democráticas en el país, luego del anuncio realizado por el presidente Daniel Ortega durante el aniversario de la Revolución Sandinista. La decisión marca un nuevo giro en la concentración de poder del oficialismo y ha provocado un inmediato rechazo internacional.
El Parlamento, controlado ampliamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), informó que inició un “plan de trabajo” para cumplir con la instrucción del mandatario, quien aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” porque, según afirmó, los procesos electorales han sido utilizados por “agentes del imperialismo” para intentar llegar al poder.
Ortega busca impedir el regreso de la oposición
La presidenta de la Asamblea Nacional, Loria Raquel Dixon, explicó que el órgano legislativo coordinará con el Consejo Supremo Electoral la elaboración de las modificaciones necesarias a la Constitución y a otras leyes para implementar el nuevo modelo político planteado por Ortega.
Aunque el Gobierno aún no ha presentado el texto de las reformas, distintos analistas y sectores opositores consideran que el objetivo es impedir cualquier posibilidad de alternancia política y consolidar un sistema de partido único bajo el control del oficialismo.
Desde las protestas masivas de 2018, el Ejecutivo nicaragüense ha endurecido la persecución contra dirigentes opositores, periodistas, organizaciones civiles y medios independientes. En las elecciones de 2021, ampliamente cuestionadas por organismos internacionales, la mayoría de los principales candidatos opositores fueron detenidos, inhabilitados o forzados al exilio antes de los comicios.
En los últimos años, además, el oficialismo ha impulsado diversas reformas constitucionales que ampliaron el poder presidencial y consolidaron el control de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien desde 2025 ejerce como copresidenta del país.
La democracia depende de elecciones competitivas
Las reformas impulsadas por el oficialismo Nicaraguénse representan un nuevo paso en el desmantelamiento de las instituciones democráticas de Nicaragua. Al eliminar la posibilidad de elecciones competitivas y concentrar aún más el poder en el Ejecutivo, el país se aleja de los estándares democráticos reconocidos internacionalmente y profundiza las características de un régimen autoritario, según diversos organismos e índices especializados.
Desde la teoría democrática, uno de los requisitos fundamentales de un régimen democrático es la existencia de elecciones libres, periódicas y competitivas. El politólogo estadounidense Robert Dahl, uno de los principales referentes en estudios sobre democracia, sostiene que la competencia política y la posibilidad real de alternancia en el poder son condiciones indispensables para la existencia de una “poliarquía”, el modelo más cercano a una democracia moderna.
Si el Gobierno de Daniel Ortega impulsa una reforma para eliminar las elecciones competitivas, desaparece el principal mecanismo mediante el cual la ciudadanía controla a sus gobernantes. Sin la posibilidad de alternancia política, el sistema deja de cumplir una de las condiciones esenciales de una democracia representativa.
Este punto puede reforzarse con la definición de democracia de Robert Dahl, quien sostiene que la competencia política y la participación son requisitos indispensables para considerar democrático a un régimen.
La concentración del poder es una característica del autoritarismo
Otro elemento relevante es la creciente concentración del poder en Nicaragua.
Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, el Ejecutivo ha acumulado cada vez más atribuciones mediante reformas constitucionales y legales. A ello se suma el protagonismo político de Rosario Murillo, quien actualmente ejerce como copresidenta, consolidando un esquema de poder altamente centralizado.
Cuando el Poder Ejecutivo controla simultáneamente el Parlamento, el sistema electoral y gran parte del Poder Judicial, desaparecen los contrapesos institucionales que caracterizan a una democracia liberal.
Este fenómeno coincide con una de las características clásicas de los regímenes autoritarios descritas por Juan Linz: la concentración del poder político en un liderazgo reducido con escasos mecanismos de control institucional.
La eliminación de la oposición reduce el pluralismo político
Los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way sostienen que los llamados “autoritarismos competitivos” conservan algunas instituciones formales de la democracia, como las elecciones, pero restringen progresivamente la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones. En Nicaragua, la detención, inhabilitación o exilio de numerosos dirigentes opositores antes de las elecciones de 2021 ha sido señalada por distintos organismos internacionales como un factor que limita el pluralismo político.
Adémas que las elecciones solo tienen sentido si existen partidos y candidatos capaces de competir en igualdad de condiciones. Sin oposición organizada, las elecciones dejan de representar una competencia democrática y pasan a convertirse en un mecanismo de legitimación del poder ya establecido.
En Nicaragua, numerosos dirigentes opositores fueron detenidos, inhabilitados o forzados al exilio antes de las elecciones de 2021. Paralelamente, el Gobierno canceló la personalidad jurídica de cientos de organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación y ONG.
Las libertades civiles también forman parte de la democracia
La democracia no se limita al voto.
También requiere libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de expresión y garantías para la oposición.
Diversos organismos internacionales han denunciado durante los últimos años restricciones contra periodistas, medios independientes, organizaciones de derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua.
Cuando estas libertades desaparecen, resulta extremadamente difícil que exista un debate político abierto o que la ciudadanía pueda fiscalizar a quienes gobiernan.
El respaldo institucional facilita las reformas
Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es la rapidez con que la Asamblea Nacional comenzó a preparar las reformas.
Esto refleja el amplio control que el oficialismo mantiene sobre el Poder Legislativo.
En una democracia consolidada, reformas de esta magnitud suelen enfrentar amplios debates parlamentarios, control constitucional y participación de diversos actores políticos.
En Nicaragua, la amplia mayoría legislativa del Frente Sandinista reduce considerablemente esos contrapesos, permitiendo que las iniciativas del Ejecutivo avancen con rapidez.
El impacto internacional
La decisión también tiene consecuencias más allá de Nicaragua.
Diversos gobiernos y organismos internacionales han advertido que la eliminación de las elecciones competitivas profundizaría el aislamiento diplomático del país y aumentaría las sanciones económicas existentes.
El anuncio generó una rápida reacción de la comunidad internacional. Estados Unidos calificó la medida como un nuevo avance hacia un régimen autoritario y pidió aumentar la presión diplomática contra Managua.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que los nicaragüenses tienen derecho a elegir libremente a sus gobernantes y advirtió que la eliminación de las elecciones representa una amenaza para la democracia en la región.
A las críticas también se sumaron gobiernos como Costa Rica y Panamá, además de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes manifestaron su preocupación por el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua.
Con el inicio formal del proceso legislativo, el oficialismo nicaragüense avanza hacia una transformación del sistema político que podría eliminar definitivamente la competencia electoral, profundizando el aislamiento internacional del país y las denuncias sobre el deterioro de la democracia bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Conclusión
Más allá del contenido específico de las reformas, el anuncio representa un punto de inflexión para el sistema político nicaragüense. La eliminación de las elecciones competitivas, sumada a la concentración del poder, el debilitamiento de la oposición y las restricciones a las libertades civiles, configura un escenario que numerosos organismos internacionales e índices especializados identifican como propio de un régimen autoritario.
Desde una perspectiva de ciencia política, el debate trasciende la política interna de Nicaragua. La iniciativa plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en América Latina y sobre la capacidad de la comunidad internacional para responder frente al progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en la región.
Este enfoque tiene una sólida base académica y puede apoyarse en autores como Robert Dahl (poliarquía), Juan Linz (regímenes autoritarios), Steven Levitsky y Lucan Way (autoritarismo competitivo) y Levitsky y Daniel Ziblatt (Cómo mueren las democracias), además de los informes de Freedom House, V-Dem y The Economist Intelligence Unit, que han documentado el deterioro democrático de Nicaragua en los últimos años.
