Milei lleva Malvinas al Congreso: endurece las penas por la explotación de recursos
El presidente Javier Milei envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que busca reforzar las herramientas legales de Argentina frente a la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La iniciativa, que ingresó el jueves 17 de septiembre a la Cámara de Diputados, había sido anunciada por Milei dos semanas antes en cadena nacional, en respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Malvinas.
El proyecto no se limita al conflicto por los hidrocarburos. Propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, ampliar las sanciones a otras formas de explotación de recursos naturales y crear una nueva estructura de coordinación de la seguridad nacional.
Penas de hasta 20 años
Uno de los cambios más importantes es el endurecimiento de las consecuencias penales y económicas para quienes realicen determinadas actividades sin autorización argentina.
El proyecto establece penas de entre 12 y 20 años de prisión para ciertas actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables. Para la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos, las penas previstas ascienden a entre 15 y 20 años.
Las sanciones económicas también pueden ser considerables. Dependiendo de la infracción, las multas se calcularían tomando como referencia el valor de cientos de miles o incluso millones de barriles de petróleo. La iniciativa contempla además inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en Argentina.
El alcance tampoco quedaría limitado exclusivamente a las compañías que realizan directamente la explotación. El Gobierno busca alcanzar a accionistas, proveedores y otros actores vinculados a las operaciones sancionadas.
De esta manera, una empresa involucrada en actividades alcanzadas por la norma podría enfrentar restricciones para operar o contratar dentro de Argentina, además de la pérdida de determinadas habilitaciones y beneficios.
Una salida para las empresas que abandonen Malvinas
Sin embargo, el proyecto no se basa únicamente en aumentar las sanciones.
La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, pensado para generar incentivos para que empresas involucradas en actividades prohibidas las abandonen.
Las compañías alcanzadas podrían solicitar su incorporación al régimen si demuestran que cesaron esas actividades y se comprometen a no retomarlas.
La estrategia busca modificar el cálculo económico de las empresas: aumentar considerablemente el costo de continuar operando sin autorización argentina y, al mismo tiempo, ofrecer una vía de regularización para aquellas que decidan retirarse.
Una respuesta al avance petrolero en el Atlántico Sur
El proyecto llega en medio de una creciente disputa por los recursos naturales alrededor de las Islas Malvinas.
A comienzos de septiembre, Milei anunció una serie de medidas en respuesta al avance de Sea Lion, un proyecto destinado a explotar petróleo en aguas próximas al archipiélago. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades requieren autorización nacional y considera que la extracción de recursos en el área afecta los derechos soberanos reclamados por Argentina.
La disputa por las Malvinas continúa sometida a un reclamo de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Londres administra las islas, mientras Argentina mantiene su reclamo conforme a la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional y sostiene que la cuestión debe resolverse por medios pacíficos y diplomáticos.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va además mucho más allá de las sanciones relacionadas con Malvinas.
El proyecto propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional, con el objetivo de articular áreas como Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía. También incorpora disposiciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas y los espacios aéreo, marítimo, fluvial y lacustre.
Asimismo, la iniciativa amplía determinados supuestos de actuación de las Fuerzas Armadas frente a riesgos y amenazas externas e incorpora disposiciones relacionadas con espionaje, influencia extranjera, interferencia electoral y campañas coordinadas de desinformación.
Estos aspectos más amplios del proyecto ya generaron cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones que advierten sobre los límites entre Defensa Nacional y seguridad interior, por lo que el debate parlamentario probablemente abarcará bastante más que la cuestión Malvinas.
Milei pide un tratamiento prioritario
Al anunciar formalmente el envío de la iniciativa, la Presidencia pidió a las distintas fuerzas políticas otorgarle “máxima prioridad y celeridad” a su tratamiento en el Congreso.
Ahora será la Cámara de Diputados la encargada de comenzar el debate legislativo y determinar qué partes del proyecto consiguen los consensos necesarios.
La iniciativa abre así una nueva etapa en la política argentina sobre Malvinas: además del histórico reclamo diplomático de soberanía, el Gobierno busca reforzar las herramientas económicas, judiciales y penales destinadas a elevar el costo de explotar los recursos naturales de las islas sin autorización argentina.
