La vivienda vuelve a desnudar las contradicciones de Sánchez
El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, dejando en evidencia la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y abriendo un debate de fondo: ¿se resuelve la crisis de vivienda controlando más el mercado o construyendo más?
La crisis de vivienda en España volvió a convertirse en un problema político para Pedro Sánchez. El Congreso de los Diputados rechazó el 2 de octubre los dos decretos impulsados por el Gobierno para hacer frente al aumento de los precios y a las dificultades de acceso a la vivienda. El primero cayó por 172 votos a favor frente a 178 en contra, mientras que el segundo obtuvo 166 apoyos y 184 votos en contra.
Más allá del resultado parlamentario, la derrota deja una cuestión que el Gobierno no puede esquivar: ¿puede resolverse la falta de vivienda aplicando más controles sobre el mercado?
Más regulación, pero no necesariamente más viviendas
Las medidas rechazadas incluían límites temporales a determinadas compras de vivienda, nuevas protecciones para arrendatarios, restricciones relacionadas con los grandes propietarios, ampliaciones de contratos de alquiler y diferentes medidas fiscales. El Gobierno defendió estas iniciativas como una respuesta urgente ante la emergencia habitacional.
El problema es que ninguna de estas medidas, por sí sola, construye una vivienda nueva.
Esta es precisamente una de las principales críticas que plantea el modelo impulsado por Sánchez. España necesita aumentar la oferta de vivienda, especialmente en las zonas donde la demanda ha crecido con mayor rapidez. Sin más suelo disponible, menos obstáculos administrativos y mayores incentivos para construir, el mercado seguirá enfrentándose a una presión creciente.
Desde la oposición se ha defendido precisamente esa alternativa. El Partido Popular ha insistido en aumentar la construcción, facilitar el acceso al suelo y reducir obstáculos para promover nuevas viviendas.
La discusión, por tanto, no es únicamente sobre alquileres. Es sobre qué modelo económico puede solucionar el problema.
El Gobierno quiere controlar un mercado que necesita crecer
El debate revela una diferencia fundamental entre dos enfoques.
Por un lado, el Gobierno apuesta por aumentar la intervención pública: limitar determinadas operaciones, ampliar las protecciones a los inquilinos y establecer nuevas condiciones sobre propietarios y contratos.
Por otro, el enfoque liberal-conservador sostiene que la solución pasa principalmente por aumentar la oferta, facilitar la construcción y proporcionar seguridad jurídica a quienes invierten y ponen viviendas en alquiler.
Porque existe una contradicción difícil de ignorar: si comprar, construir o alquilar una vivienda se vuelve progresivamente más complejo y menos rentable, ¿qué incentivo queda para que aumente la oferta?
La vivienda no aparece por decreto. Se construye.
Y mientras España continúa necesitando nuevas viviendas, la política del Gobierno corre el riesgo de concentrarse más en regular las existentes que en crear las que faltan.
Una derrota que también habla de Sánchez
El revés parlamentario también expone otro problema: la dificultad de Pedro Sánchez para mantener una mayoría estable.
Los dos decretos no fueron rechazados exactamente por los mismos partidos. PP, Vox, Junts y UPN se opusieron al primero, mientras que en el segundo también votaron en contra PNV y Coalición Canaria.
El resultado muestra hasta qué punto el Ejecutivo depende de una arquitectura parlamentaria fragmentada y de acuerdos que pueden romperse cuando las distintas fuerzas políticas consideran que una determinada política perjudica sus intereses.
Junts, por ejemplo, retiró su apoyo al considerar que las medidas podían contribuir a agravar la escasez de vivienda.
Sánchez llegó a intervenir antes de la votación para pedir a los diputados que apoyaran los decretos y advirtió de que el daño para España sería considerable si no salían adelante. Sin embargo, el Congreso terminó rechazándolos.
La pregunta es inevitable: si el Gobierno no puede convencer a su propio Parlamento, ¿cómo pretende convencer al mercado de que sus medidas solucionarán la crisis?
El problema no termina con la derrota
La situación se volvió todavía más controvertida después de la votación.
Con la disolución de las Cortes prevista, el Gobierno estudia utilizar la Diputación Permanente para volver a aprobar los decretos, con modificaciones menores. Entre las medidas que pretende mantener figuran los límites a los alquileres, determinadas restricciones a las compras corporativas y una prohibición temporal de algunos desahucios.
La maniobra ha abierto un debate jurídico. Algunos expertos consideran que la utilización de la Diputación Permanente podría ser constitucionalmente defendible, mientras otros cuestionan que se utilice este mecanismo para recuperar medidas que el Pleno del Congreso acaba de rechazar.
Aquí aparece una cuestión que va más allá de la vivienda: el respeto a las decisiones parlamentarias.
Una democracia no consiste solamente en aprobar leyes cuando se dispone de mayoría. También implica aceptar una derrota cuando los diputados votan en contra.
Construir en lugar de regular más
Eso significa más construcción, mayor disponibilidad de suelo, menos burocracia, impuestos razonables y seguridad jurídica. También significa proteger a quienes cumplen sus contratos y garantizar que el mercado del alquiler continúe siendo atractivo para propietarios e inversores.
La intervención pública puede tener un papel, especialmente para ayudar a quienes realmente no pueden acceder al mercado. Pero convertir la regulación en la principal respuesta corre el riesgo de generar el efecto contrario al buscado.
Si la oferta no aumenta, controlar los precios no crea viviendas.
La derrota de Pedro Sánchez en el Congreso debería servir, al menos, para abrir un debate más profundo. La pregunta ya no es solamente cómo proteger al inquilino, sino cómo conseguir que España vuelva a construir suficientes viviendas para sus ciudadanos.
Porque mientras el Gobierno discute decretos, controles y límites, miles de españoles siguen esperando algo mucho más sencillo: encontrar una vivienda que puedan pagar.
