La muerte de Aquilera reabre el debate sobre la ley antibarricadas
La muerte de Cristopher Aguilera vuelve a poner en primer plano el rol de Carabineros y la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado, mientras la Ley Antibarricadas 2.0 avanza en el Congreso.
El cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años y padre de un bebé, murió después de recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento preventivo en Lo Espejo, Región Metropolitana.
Aguilera pertenecía a la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial y se encontraba realizando labores de fiscalización junto a otros funcionarios cuando se produjo el enfrentamiento. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el atacante disparó en múltiples oportunidades contra los policías. Uno de los funcionarios respondió con su arma de servicio y abatió al agresor.
La muerte del cabo Aguilera no solo deja a una familia y a una institución policial de luto. También vuelve a plantear una pregunta fundamental para el Estado: qué herramientas necesita Chile para proteger a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población.
Carabineros en primera línea
Carabineros cumple una función esencial en la seguridad cotidiana del país. Sus funcionarios participan en patrullajes, fiscalizaciones, controles, procedimientos de emergencia y operaciones contra delitos que se desarrollan directamente en las calles.
El caso de Lo Espejo muestra uno de los riesgos más graves de esa función: un procedimiento preventivo puede transformarse rápidamente en un enfrentamiento armado.
La institución informó posteriormente que Aguilera recibió un ascenso póstumo, y la 42ª Comisaría llevará su nombre como reconocimiento a su servicio.
Durante el funeral, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que la institución está enfrentando una criminalidad distinta y más violenta. También destacó la necesidad de fortalecer la presencia policial en sectores de mayor complejidad.
La discusión sobre seguridad, por tanto, no se limita a aumentar penas. También involucra la capacidad operativa de las policías, sus condiciones de trabajo, sus herramientas legales y la capacidad del Estado para perseguir a quienes utilizan armas y participan en delitos violentos
La Ley Antibarricadas 2.0
En este contexto avanza en el Congreso la denominada Ley Antibarricadas 2.0, una iniciativa que busca ampliar las herramientas penales frente a determinadas formas de obstrucción de calles y servicios de transporte.
El proyecto modifica el tratamiento penal de quienes obstaculicen total o parcialmente la circulación, incluyendo situaciones que afecten el funcionamiento de medios y servicios de transporte.
La iniciativa ya superó una etapa importante en la Cámara de Diputadas y Diputados y continúa su tramitación en el Senado. Todavía no es una ley vigente, por lo que su contenido podría experimentar modificaciones durante el proceso legislativo.
Su importancia radica en que busca entregar una respuesta jurídica frente a conductas que pueden afectar directamente la circulación de personas, vehículos y servicios esenciales.
Orden público también significa proteger a quienes lo hacen posible
Una sociedad necesita que sus calles, carreteras y servicios puedan funcionar con normalidad. Pero también necesita funcionarios capaces de hacer cumplir la ley cuando esa normalidad se ve amenazada.
Ahí aparece el papel de Carabineros.
La Ley Antibarricadas 2.0 y otras iniciativas de seguridad deben analizarse dentro de una discusión más amplia sobre cómo fortalecer el Estado de Derecho y entregar herramientas efectivas a quienes deben garantizarlo.
La muerte de Aguilera demuestra que la labor policial implica riesgos concretos. El funcionario no murió en una oficina ni durante una actividad administrativa: fue atacado mientras participaba en un procedimiento preventivo.
Por eso, el debate sobre seguridad también debe considerar las condiciones en que trabajan los policías y la capacidad que tienen para responder ante amenazas armadas.
Un arma vinculada a otros ataques
La investigación ha revelado además nuevos antecedentes sobre el arma utilizada en el asesinato.
Según información obtenida por T13, el arma tendría coincidencias balísticas con al menos otros siete casos, incluidos homicidios y ataques contra Carabineros. Uno de los casos investigados corresponde a un homicidio ocurrido en San José de Maipo en 2023.
Este antecedente podría ampliar considerablemente la investigación y demostrar la importancia de rastrear el origen y circulación de las armas utilizadas por organizaciones o individuos vinculados al crimen.
La investigación continúa para establecer de dónde provenía el arma, quiénes tuvieron acceso a ella y qué relación podía existir entre el atacante y otros hechos delictivos.
La seguridad no puede depender solamente de la reacción
El asesinato del cabo Aguilera vuelve a instalar la discusión sobre la necesidad de que las instituciones del Estado puedan prevenir, perseguir y sancionar las conductas que amenazan la seguridad pública.
La Ley Antibarricadas 2.0 forma parte de ese debate, aunque su ámbito específico sea distinto al del crimen ocurrido en Lo Espejo.
Su eventual aprobación deberá ser evaluada durante su discusión en el Senado. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta un desafío más amplio: entregar a Carabineros herramientas legales y operativas adecuadas para cumplir su función y garantizar que quienes ejercen violencia criminal puedan ser perseguidos eficazmente.
Cristopher Aguilera murió cumpliendo esa tarea.
Su caso recuerda que detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una responsabilidad pública. Fortalecer la seguridad también significa respaldar institucionalmente a quienes cada día salen a las calles para hacer cumplir la ley.
