La Cámara de Diputados aprobó en segundo trámite un proyecto de ley que busca sancionar las ofensas e insultos dirigidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería mientras se encuentren ejerciendo sus funciones.
La iniciativa fue abordada por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien explicó los alcances de la propuesta en conversación con el programa Podría Ser Peor de BioBioChile. Según la parlamentaria, el objetivo principal es reforzar el respeto hacia los funcionarios encargados de labores de seguridad y establecer consecuencias frente a determinadas conductas consideradas especialmente graves.
Ossandón sostuvo que el proyecto no pretende limitar la libertad de expresión ni impedir que las personas cuestionen el actuar de las policías. En ese sentido, diferenció entre la crítica hacia un funcionario público y aquellas expresiones que buscan directamente insultar, humillar u ofender gravemente a un agente durante el cumplimiento de sus funciones.
La diputada argumentó que los funcionarios policiales se encuentran expuestos a situaciones de alta tensión durante sus labores y que las agresiones verbales pueden dificultar el desarrollo de sus funciones. A su juicio, la iniciativa apunta a establecer un marco de protección adicional para quienes trabajan en seguridad pública.
Debate sobre libertad de expresión
Uno de los principales puntos de discusión en torno al proyecto se relaciona con los límites entre la protección de los funcionarios públicos y el derecho de las personas a expresar críticas frente a la actuación policial.
Ossandón enfatizó que la propuesta no busca criminalizar las denuncias de abusos ni impedir que los ciudadanos cuestionen a Carabineros, la PDI o Gendarmería. El foco estaría puesto en las ofensas graves realizadas contra funcionarios mientras desempeñan sus labores.
El proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas durante los últimos años con el objetivo de fortalecer las facultades y la protección de las instituciones encargadas de la seguridad. Su avance en el Congreso se produce en un contexto marcado por el debate sobre el respeto a la autoridad, la seguridad pública y las condiciones en que los funcionarios policiales desarrollan su trabajo.
La iniciativa deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley, por lo que todavía podría experimentar modificaciones durante su discusión parlamentaria.
