Nuevas denuncias surgidas desde Irán han vuelto a poner al régimen bajo fuerte escrutinio internacional, luego de que familiares de manifestantes muertos acusaran a las autoridades de exigir sumas de dinero para entregar los cuerpos de las víctimas. Según reportes citados por la BBC Persian y replicados por medios internacionales, funcionarios estatales estarían solicitando pagos que pueden alcanzar hasta los 7.000 dólares para permitir a las familias retirar los restos de sus seres queridos fallecidos durante las protestas contra el gobierno.
Los testimonios indican que esta práctica se ha registrado en hospitales y morgues de Teherán y otras ciudades, donde los cuerpos permanecen bajo custodia estatal tras la represión de las manifestaciones. En un contexto de fuerte deterioro económico, las cifras exigidas resultan inalcanzables para la mayoría de los hogares iraníes, lo que ha profundizado el sufrimiento de las familias, obligadas a enfrentar no solo la pérdida, sino también presiones económicas y políticas.
En algunos casos, trabajadores hospitalarios habrían advertido de manera informal a los parientes para que retiraran los cuerpos rápidamente, antes de que intervinieran fuerzas de seguridad. Las denuncias también apuntan a que, en determinadas situaciones, las autoridades ofrecerían entregar los restos sin costo, siempre que los familiares acepten firmar declaraciones en las que se presenta a la persona fallecida como partidaria del régimen o como una supuesta mártir, una condición que añade una dimensión ideológica al proceso y refuerza las acusaciones de coerción estatal.
Estos antecedentes se suman a una ola de reportes de organizaciones de derechos humanos que alertan sobre una represión sistemática de las protestas, con miles de muertos, detenidos y desaparecidos, además de severas restricciones a la libertad de información. La presunta retención de cuerpos y la exigencia de dinero han generado condena internacional y han sido interpretadas como una nueva señal del endurecimiento del régimen frente al descontento social, en medio de una crisis política y humanitaria que continúa escalando dentro del país.
